¿Ponemos al zorro a cuidar de las gallinas?

Fernando Suárez Bilbao publicó en el ‘Anuario del Derecho Español’ un artículo que reproducía casi literalmente la obra de otro jurista. Diez años después, es rector de una universidad pública, la Rey Juan Carlos de Madrid, y dirige la prestigiosa revista que recogió su ‘copia’David Ríos Ínsua es catedrático de Estadística en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Encabezó la candidatura a rector que se enfrentó primero a Pedro González-Trevijano y después a su sucesor, Fernando Suárez Bilbao. Ínsua abrió en 2010 un blog (www.davidriosinsua.org) como “espacio de intercambio de opinión cuyo único fin es mejorar la Universidad Rey Juan Carlos”. En él se pueden colgar comentarios. El pasado lunes, en el apartado referido a Personal Docente e Investigador, se dio cuenta de la desaparición en el catálogo de la biblioteca de la URJC del libro de Miguel Ángel Aparicio El status del poder judicial en el constitucionalismo español. Ya es casualidad que el viernes hubiésemos intentado ponernos en contacto con el rector para que explicara por qué su artículo ‘Revolución y Restauración en la Administración de Justicia (1874-1936)’, publicado en 2006 en el Anuario de Historia del Derecho Español, reproduce, sin citar en ningún momento la fuente, párrafos e incluso páginas completas de la obra de Aparicio, editada en 1995 por la Universidad de Barcelona. O, por decirlo de otra manera tal y como se refleja también en los comentarios vertidos en el blog de Ínsua, qué piensa el rector de la URJC acerca de que “en resumidas cuentas, de 38 páginas que tiene el artículo de Suárez, 35 están copiadas del libro de Miguel Ángel Aparicio Pérez”. Para completar el cuadro, convendría añadir que entonces Fernando Suárez era vicerrector de Ordenación académica y profesorado, titulaciones, coordinación y campus de la URJC. Hoy, además de ser rector de esta universidad, pública, es también director de la publicación en la que vio la luz su trabajo: el Anuario de Historia del Derecho Español, fundado en 1924 por jóvenes juristas entre los que se encontraba Claudio Sánchez Albornoz y que pasa por ser el principal escaparate científico de los historiadores del Derecho. Entre muchos otros cargos, Bilbao es así mismo consejero del Instituto Atlántico del Gobierno, al igual que el expresidente José María Aznar o el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Aunque la polémica ha tomado bríos en los últimos días, el plagio de la obra de Miguel Ángel Aparicio por parte del rector de la Universidad Rey Juan Carlos viene de diez años atrás. Pero que sepamos nadie lo ha denunciado en los tribunales y la universidad española no acostumbra a tomar medidas contra los autores de las copias. Así lo dejó en evidencia en junio de 2011 el Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, el principal diario alemán, que se hacía eco de un caso de plagio en la Universidad de Vigo preguntándose si había servido para algo que el ministro germano Karl-Tehodor Zu Guttenber se hubiese visto obligado a dimitir después de ser desposeído del título de doctor al probarse que había copiado partes de su tesis.

El FAZ desvelaba que seis científicos del Departamento de Química Física (en el campus de Ourense) habían publicado en 2010 dos artículos en una revista científica estadounidense y esta los había retirado después al constatar que su contenido coincidía con el de sendos trabajos anteriores de dos investigadores chinos de la Universidad de Hunan.

La presión originada por la denuncia del rotativo alemán, que reflejaron medios españoles, condujo a la creación de una comisión de investigación en la UVigo. Esta concluyó que se habían producido “malas prácticas” pero que no existía plagio y no hubo consecuencias. La prensa que siguió el caso puso el acento en que los artículos se habían realizado bajo la dirección de Juan Carlos Mejuto, decano desde 2003 hasta 2009 de la Facultad de Ciencias, quien obtuvo la cátedra justo después y recibió tras el escándalo un premio de la Xunta de 112.000 euros para su equipo de investigación. También incidió en que su discípulo Pedro Araújo Nespereira se hizo con el título de doctor pasados los 50 años pero sólo seis meses después era profesor titular y heredaba el decanato de Mejuto. Y que otro de los articulistas, Juan Francisco Gálvez, había sido vicerrector y uno más, Gonzalo Astray Dopazo, había sido propuesto en 2011 como premio extraordinario de doctorado… aunque no llegó a recibir el reconocimiento pues el rector, Salustiano Mato, le retiró la distinción.

Ya en el apartado de casos que llegaron a los tribunales de Justicia, nos encontramos principalmente con miembros de tribunales de tesis que se apropiaron de las mismas para trabajos propios. La guinda la pone el respaldo de la universidad al copiador. Así, nos encontramos con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, fechada en octubre de 2015, en la que se recuerda a la Universidad de Zaragoza, y en concreto a su rector, una serie de deberes incumplidos, entre ellos que “las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones de su personal de servicio”, que “cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal” o que “es falta muy grave la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función”. Esta serie de amonestaciones responde a una denuncia del profesor José Solís, quien había puesto en conocimiento del rector que Juan Francisco Baltar, profesor titular de Historia del Derecho, reproducía en su libro Protonotario de Aragón 1472-1707, publicado en 2001, parte de su propia tesis doctoral, inédita y de 1999, y que conocía por haber sido miembro suplente de la comisión que la había evaluado. El rector consideró que los indicios de plagio no eran suficientes y se negó a abrir un expediente. Llevada la institución académica ante la justicia, falló en su contra el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 5 de Zaragoza y, tras apelar, nuevamente el Supremo de Aragón. El delito, no obstante, de considerarse como tal, habría prescrito.

Mejor suerte corrió la denuncia de María Isabel Grimaldo. “Ha sido una década de lucha y batallar, pero ahora estoy contentísima, se ha hecho justicia”, le contaba al diario ABC en 2013. También profesora interina como Solís, vio como Francisco Alonso, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Murcia y director de su tesis, la plagiaba hasta en dos ocasiones, primero en una publicación coral y luego en una individual. Grimaldos, que sí fue apoyada por el rector, manifestaba su satisfacción una vez que el Tribunal Supremo confirmaba la condena por plagio impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia. Alonso fue condenado a pagar cinco mil euros, publicar la sentencia en un diario de tirada nacional y hacerse cargo de los costes del proceso.

Consultados en estos días varios profesores universitarios, que han solicitado mantener el anonimato, enmarcan las prácticas deshonestas en los trabajos de investigación en un escenario global caracterizado por un sistema universitario endogámico y clientelar que se encuentra dominado por camarillas de poder. Al respecto, y volviendo a la Universidad Rey Juan Carlos y a su rector, Fernando Suárez Bilbao, cabe señalar que éste fue imputado por un delito de amenazas cuando, siendo vicerrector, le exigió al encargado del departamento de Estadística evitar que David Ríos Ínsua presentase su candidatura al rectorado como alternativa a Pedro González-Trevijano, bien convenciéndolo o haciéndolo pasar por “enloquecido”. En la conversación, grabada, y que recogió El Mundo en marzo de 2014, Suárez señala que, en caso contrario, “pasarán cosas muy, muy desagradables” y, ante la petición de garantías de que no se tomarán represalias, responde: “Lo único que vamos a negociar es el modo de enterraros”. La causa, sin embargo, fue sobreseída en 2014 por considerarse que los hechos no eran constitutivos de delito. Pero no fueron sólo los tribunales quienes le dieron la razón sino también las urnas. Tras heredar el cargo de rector de González-Trevijano, nombrado en junio de 2013 magistrado del Tribunal Constitucional, las elecciones al rectorado refrendaron a Suárez con un 67,53% de los votos.

http://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-correo2/ecg/ponemos-zorro-cuidar-gallinasa/idEdicion-2016-10-16/idNoticia-1022327/
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